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GUARDIANES DEL ASFALTO => Utilidades => Mensaje iniciado por: javes en Miércoles 01 de Marzo de 2023. 13:24 horas.

Título: Responsabilidad Patrimonial & Principio de Indemnidad
Publicado por: javes en Miércoles 01 de Marzo de 2023. 13:24 horas.
https://atelierlibrosjuridicos.com/autor/sandra-alcaraz-zabala/


Este nuevo Cuaderno jurídico de (editorial Atelier), denominado "Responsabilidad Patrimonial VS Principio de Indemnidad" en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,  es el resultado del trabajo de fin de máster de una Guardia Civil (polilla), tras finalizar la 9ª Ed. Del Máster en Responsabilidad Civil, impartido por la Universidad de Granada, que ha realizado un esfuerzo faraónico mediante el estudio científico en materia derecho administrativo (Responsabilidad de la Administración), penal (RC ex delicto), militar, civil (valoración del daño) y laboral (prestaciones sociales y accidentes de trabajo), seleccionando las investigaciones doctrinales,  jurisprudenciales y legislativas, así como la  Doctrina emanada del Consejo de Estado que aborda la reparación del daño sufrido por los miembros de las FCSE, a través de dos vías o títulos distintos que ya de por sí, resultan sumamente complejos e inacabados tanto jurídicamente como  doctrinalmente,   como son:  la Responsabilidad Patrimonial derivada del normal o anormal funcionamiento de la Administración o, sobre la base de esta nueva doctrina emanada por la Sala 3ª de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en relación con el "Principio de Resarcimiento o indemnidad". Principio, que si bien, no resulta novedoso, pues ya se recogía tanto en nuestro Código Civil (art. 1729) y se recoge en el propio Estatuto Básico del empleado Público  (Art.28) como un derecho del funcionario, en los concerniente a las FCSE dicho principio se encontraba en el baúl de los recuerdos.

   Esta obra / guía teórico-práctica, permitirá a los muchos letrados que, día a día, asumen dentro del ejercicio de su profesión la ardua tarea de defender sus derechos,   a que de forma objetiva  puedan paliar o solventar la indefensión e inseguridad jurídica a la que se van a ver abocados tanto los militares, como los guardias civiles, policías nacionales o locales, así como la de los propios funcionarios de instituciones penitenciarias o, aquellos  otros afectos a la administración local o autonómica. Máxime, cuando existe una ausencia de  normativa legislativa  precisa y específica que garantice ese principio de reparación integra del funcionario, por los daños sufridos con motivo de su actividad profesional, que no tenga el deber jurídico de soportar.
 
   El resultado,  de la obra, no deja de ser una CRÍTICA a las muchas resoluciones dimanantes del Ministerio del Interior, que rechazan o reducen cualquier tipo de resarcimiento, como a los dictámenes emitidos por el propio Consejo de Estado, o la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que siguen mostrando sus reticencias a la hora de objetivar, una justa reparación integral.  La regulación actual, no ha impedido las inercias, los prejuicios y los sofismas empleados, en beneficio de la administración "pro domo sua", que ha venido a contribuir a que al final rija el antiprincipio de la parcialidad resarcitoria. Obviando, el carácter  orientativo  (sin utilizarlo como base jurídico-valorativa exclusiva y excluyente) del sistema legal valorativo del propio Baremo de accidentes de Tráfico, que permite vertebrar y objetivar una justa reparación integral  y que tan buenos resultados ha dado en otras jurisdicciones, como la Civil, la Penal o la Social.

   Esta reticencia de la Administración, al amparo de distintos sofismas o en base a una laguna normativa,  tras la reciente doctrina emanada por la Sala 3ª (Contencioso-Administrativo) de nuestro Tribunal Supremo, en relación con el "principio de indemnidad" parecía haber solventado la controversia jurídica que se venía produciendo en nuestro Tribunales. Pero, sorpresivamente, como caso más reciente, tenemos el homicidio del Guardia Civil de Granada, donde tras ser condenado penalmente y a satisfacer la RC a los perjudicados (viuda e hijos). Tras haber sido declarado en la jurisdicción penal "insolvente", el propio Ministerio del Interior ha resuelto en vía administrativa rechazar cualquier tipo de indemnización, con la excusa de que sólo el fallecido tenía título para reclamar su abono al Estado y la viuda e hijos  carecen del mismo, bajo el sofisma de que son víctimas indirectas. En fin,  una burla jurídica al "principio de Indemnidad" y, me temo que la misma suerte conllevara para la viuda e hijos del  Teniente Coronel de la UEI, recientemente asesinado,  cuando tras tratar de solventar, por la vía de la negociación -en la que era un experto-, la situación generada por un individuo que, previamente, había asesinado a otra persona, éste de forma sorpresiva le disparó a la cabeza.

   En fin, "el pescado está servido"..